El artículo analiza el impacto económico y social de la Ley 2466 de 2025, que introduce una reforma estructural al mercado laboral colombiano orientada a promover empleo digno, formalización e inclusión. Desde el enfoque de la economía del bienestar y la teoría de las capacidades de Amartya Sen, el estudio evalúa cómo las transformaciones normativas inciden en la reducción de la pobreza multidimensional, así como en variables macroeconómicas como el desempleo y la inflación.

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Metodológicamente, la investigación adopta un enfoque mixto que combina análisis cuantitativo de indicadores macroeconómicos (pobreza, desempleo, inflación e informalidad) con interpretación cualitativa de los efectos institucionales y comportamentales de la reforma. Se emplean modelos econométricos de datos de panel y análisis contrafactual para el periodo 2025–2030, complementados con una lectura desde el enfoque de capacidades, que permite evaluar no solo ingresos, sino condiciones de bienestar como estabilidad laboral, acceso a seguridad social y tiempo de descanso.

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Los resultados proyectan una reducción de la pobreza multidimensional entre 1,5 y 2,3 puntos porcentuales hacia 2030, impulsada principalmente por la formalización del empleo y la ampliación de derechos laborales. Sin embargo, en el corto plazo se prevé un aumento moderado del desempleo (0,4–0,8 puntos porcentuales) y presiones inflacionarias sectoriales derivadas del incremento en costos laborales. En el mediano plazo, estos efectos tenderían a estabilizarse si se implementan políticas complementarias orientadas a la productividad y al fortalecimiento institucional.

El análisis destaca importantes diferencias territoriales, evidenciando mayores desafíos en zonas rurales y municipios con alta informalidad. Asimismo, se identifican cambios en el comportamiento de empleadores y trabajadores, con mayor preferencia por la formalidad y ajustes en las estrategias empresariales.

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En conclusión, la reforma laboral presenta un potencial significativo para mejorar el bienestar y reducir la pobreza, pero su efectividad dependerá de la capacidad del Estado para garantizar su implementación, acompañamiento productivo y sostenibilidad macroeconómica.