El artículo analiza el Título I de la Constitución Política de Colombia de 1991 en el periodo 1991–2025, desde un enfoque interdisciplinario que articula la sociología del derecho de Émile Durkheim, el positivismo jurídico y el paradigma contemporáneo de los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo central es evaluar la coherencia normativa, la legitimidad social y la eficacia institucional de los principios fundamentales del orden constitucional colombiano frente a las transformaciones estructurales del país.

Metodológicamente, el estudio adopta un enfoque cualitativo, hermenéutico y estructural, basado en el análisis documental de los artículos del Título I, complementado con una matriz de correspondencia entre dichos principios, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los ODS. Asimismo, se incorpora una lectura territorial y socioeconómica que permite contrastar la validez formal del derecho con su materialización en contextos de desigualdad, exclusión y diversidad cultural.

Los resultados evidencian una alta correspondencia entre los principios constitucionales y los postulados de los derechos humanos, particularmente en relación con la dignidad, la soberanía y el pluralismo. Sin embargo, se identifican vacíos en la incorporación explícita de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como una desalineación parcial con los desafíos contemporáneos del desarrollo sostenible. Desde la perspectiva durkheimiana, se observa una disonancia entre la norma jurídica y la moral social efectiva, especialmente en territorios periféricos donde persisten condiciones de exclusión estructural.

El estudio concluye que, si bien el Título I constituye una base normativa sólida, su eficacia depende de una reinterpretación progresiva que articule legalidad y legitimidad, incorporando enfoques territoriales, interculturales y de desarrollo sostenible. En este sentido, se plantea la necesidad de fortalecer la implementación institucional, la participación ciudadana y la actualización del marco constitucional, con el fin de consolidar un modelo de Estado social de derecho más inclusivo, equitativo y coherente con los retos del siglo XXI.