JENNY ALEJANDRA PEREZ PAEZ
Docente Universitario

Publicado el 20/01/2026
Derechos de autor 2026 Revista de investigacion de ciencias sociales y economicas

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El artículo analiza el Título I de la Constitución Política de Colombia de 1991 desde el enfoque de la economía del conocimiento y el desarrollo institucional, particularmente a partir de los aportes teóricos de Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt. El objetivo central consiste en evaluar si los principios fundamentales del orden constitucional colombiano configuran una arquitectura institucional capaz de promover la innovación, la inversión en conocimiento y la competencia regulada como motores del desarrollo económico sostenido.
Metodológicamente, el estudio adopta un enfoque cualitativo de carácter hermenéutico–institucional, basado en el análisis documental de fuentes normativas, jurisprudenciales y de política pública, complementado con una triangulación teórica desde la economía del desarrollo contemporánea. Este enfoque permite interpretar el desarrollo no solo como crecimiento económico, sino como una construcción institucional vinculada a la equidad, la participación y los derechos humanos.
Los resultados evidencian que la Constitución de 1991 establece un modelo de Estado social de derecho con potencial para impulsar el desarrollo endógeno, al incorporar principios como la dignidad humana, la función social del Estado, la solidaridad y la prevalencia del interés general. No obstante, se identifica una brecha estructural entre el diseño normativo y su implementación práctica, reflejada en la fragmentación institucional, la baja inversión en ciencia y tecnología, y las persistentes desigualdades territoriales.
La discusión muestra que, aunque el marco constitucional es compatible con la lógica de la destrucción creativa y la competencia regulada, el modelo económico colombiano ha privilegiado la estabilidad macroeconómica y sectores extractivos, limitando la innovación productiva. En consecuencia, el estudio concluye que el desarrollo en Colombia requiere una reconfiguración institucional orientada al fortalecimiento del conocimiento, la protección social frente al cambio tecnológico y la democratización de la innovación, con el fin de articular crecimiento económico, equidad social y sostenibilidad territorial.
